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Limitaciones de la Propuesta del Nuevo Trato de las Universidades Estatales y el Estado. Sonia Rand

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Finalmente se ha logrado articular una propuesta de nuevo trato entre el Estado y sus universidades. Ella está contenida en el documento titulado “NUEVO TRATO CON EL ESTADO. Fortaleciendo la política de Educación Superior Estatal”, de marzo del 2009, adscrita por las universidades del Consorcio de Universidades Estatales y presentada al Ministerio de Educación.

A nuestro juicio, se trata de un trabajo serio que ha logrado extractar la esencia de la misión de las universidades estatales e, indirectamente, justificar el por qué deben ser objeto de un trato de privilegio especialmente en el aspecto económico.

Fácil sería adherir en su integridad a lo expresado en el documento, máximo cuando se trata de una propuesta que responde a las aspiraciones de la generalidad de los miembros de las comunidades  universitarias afectadas.  Pero estimamos nuestro deber  señalar que hay en él algunos vacíos importantes.

Dichos vacíos tienen que ver con la autonomía universitaria y con el carácter democrático de la educación superior estatal y de las instituciones que la ejercen.

Debe  recordarse que las universidades estatales son órganos del Estado, no del gobierno y que la autonomía económica tiene por objeto, precisamente, independizarlas del poder político que se ejerce, especialmente, a través del Poder Ejecutivo.

 

Al exigir como aporte basal sólo el 50% del presupuesto de cada universidad, se limita desde ya, por una parte, la autonomía financiera de la Universidad al imponerle la necesidad de cubrir  el otro  50% mediante al cobro de prestaciones de servicio y/o la celebración de convenios de desempeño, Por otra parte, limita la democracia en la composición de las comunidades universitarias al preservar un sistema de educación superior pagado al que difícilmente pueden acceder los alumnos provenientes de los establecimientos de educación municipalizados.

Pensamos que  el aporte basal debería establecerse en una suma igual al actual presupuesto total de cada universidad  aumentado en cada caso con los montos que se estimen necesarios para el desarrollo de nuevas actividades cuyo desarrollo se encomiende al respectivo establecimiento.

En cuanto a autonomía académica, el documento no es claro cuando se refiere al proceso de acreditación.  Al parecer la intención sería conservar el sistema actual de participación del Poder Ejecutivo a través de órganos que integran el Ministerio de Educación, y de ejecución por agencias privadas externas.

Respecto  la integración democrática de las universidades estatales, estimamos que debería establecerse un sistema que asegure el acceso a cada carrera de un porcentaje de alumnos provenientes de los colegios municipalizados y subvencionados de sectores populares, y que, para asegurar su permanencia, se contemple un proceso de nivelación.   La enseñanza de estos alumnos debería ser gratuita y, para los demás seleccionados, debería regir un sistema de arancel diferenciado, cuyo producto  se destine solamente a beneficios de bienestar de los alumnos.

En lo referente a la democracia en la educación superior, debe anotarse, además, la necesidad de democratizar los órganos de decisión, como el propuesto Consejo Nacional de Educación Pública, con el objeto de hacerlos operantes y representativos.  Para ello, debe concebirse su integración con miembros elegidos por  los estamentos de las universidades  y no solamente con las mismas autoridades ejecutivas de éstas y representantes de las autoridades políticas del Estado.

Una propuesta al gobierno sobre la educación superior estatal universitaria debe ser capaz de enunciar los elementos básicos que permiten el desarrollo de la labor universitaria en un estado democrático, a fin de consolidar posteriormente un proyecto de ley que resguarde estas funciones, la propuesta de Nuevo Trato, y esta es su mayor debilidad, adolece de tal ambición, se plantea a sí misma como complementaria de las políticas actuales, “sin afectar las relaciones del actuales del Estado con el sistema de universidades privadas y estatales, permitiendo que los actuales instrumentos se mantengan vigentes”.

 

Elementos básicos en la definición de las Universidades Estatales.

 

Las universidades estatales son universidades públicas cuya función histórica es la producción y difusión del conocimiento, en estrecha articulación con las necesidades de la sociedad,  con conciencia crítica de los valores, tradiciones y cultura que le otorgan identidad y sin adscripción a un determinado proyecto político partidista de desarrollo.

En función de la especialidad de su labor un proyecto de ley sobre universidades estatales debería desarrollar en detalle el sistema de financiamiento y hacer imperativa la vigencia de los principios de Democracia y Autonomía Universitaria, garantes del ejercicio del pluralismo y de la libertad académica.

 

Democracia Universitaria.

 

Como partes del Estado democrático, las universidades estatales deben cumplir con la condición esencial de ser entidades democráticas.

La democracia universitaria se manifiesta en:

 

1. La  existencia de  un  ámbito democrático institucionalizado en el que estén garantizados la participación,  el pluralismo  y la libertad académica.

 

La libertad académica se entiende como el derecho de los académicos para orientar sus tareas académicas (docencia, investigación, extensión) de acuerdo a sus ideas, con la obligación de dar a conocer ideas contrarias o discrepantes, y la libertad de los estudiantes para elegir a los profesores que desean. El pluralismo es la garantía de la coexistencia y expresión dentro del ámbito universitario de todas las ideologías y corrientes de pensamiento, sin más límite que las normas de respeto mutuo. El pluralismo es requisito sine qua non de la democracia, la libertad académica y por tanto de la excelencia.

 

2. La constitución  e integración democráticas de las comunidades universitarias;   lo que exige que tanto el acceso  como la permanencia y la promoción de los miembros de los tres estamentos se den sólo en virtud de sus méritos, sin discriminación  ninguna especie.

Este aspecto de la democracia universitaria sólo puede lograrse con el establecimiento de sistemas regulados que garanticen el ingreso por concurso, la existencia de carreras académica y funcionaria exentas de elementos discriminatorios y que, por otra parte, aseguren la permanencia en funciones y la debida dedicación a la tarea universitaria mediante  adecuados regímenes de remuneraciones.

No obstante a lo anterior, en lo que se refiere a los estudiantes, es imprescindible el contar con un sistema de ingreso, nivelación y permanencia que corrija la discriminación provocada por la diferenciación socioeconómica y cultural que afecta a los niveles educacionales anteriores. Dentro de este sistema debe concebirse la reserva de cuotas de matrícula para estudiantes de los colegios estatales y particulares subvencionados de los quintiles más desposeídos, sistemas de nivelación académica y sistemas de bienestar que contemple la mantención de los estudiantes –habitación y  alimentación por lo menos-.

 

3. Estructura democrática  de la  orgánica de  poder interno. Para ello es necesario  tener presente que en toda entidad democrática el poder radica en la base, esto es,  en las universidades debe radicar en la correspondiente comunidad universitaria, la que lo ejerce  directamente a través de elecciones y consultas plebiscitarias, o indirectamente  través de autoridades mandatarias que la representan. Estas autoridades pueden ser  unipersonales o colegiadas y  de acuerdo con sus funciones, pueden ser ejecutivas o normativas. Es principio fundamental de la democracia que las funciones normativas y ejecutivas no estén radicadas en una misma autoridad. Es asimismo principio fundamental la necesaria participación de los diversos estamentos en la toma de de decisiones.

 

4. Sentido democrático de la acción universitaria. La acción universitaria (docencia, investigación, extensión) debe fomentar y colaborar en la formación y consolidación de una conciencia democrática en la sociedad chilena, y proveer a su mantención y perfeccionamiento.

 

Autonomía Universitaria.


La autonomía es, sin lugar a dudas, el tema que requiere de mayor  atención cuando se trata de establecer las líneas de interrelación entre el Estado y las Universidades Estatales.  Consiste, precisamente, en la radicación  en las instituciones universitarias de funciones y atribuciones que, en el caso de las instituciones que conforman la administración Central del Estado, deben ajustarse  directamente a las políticas  y objetivos que fija el Poder Ejecutivo, vale decir el Gobierno que ha sido elegido políticamente.

Estamos, precisamente, ante   la figura jurídica  mediante la cual se pretende facilitar la gestión de las universidades y otorgarles las condiciones básicas para asegurar el pluralismo y la independencia necesarios para su excelencia, su  función crítica y su correcto desempeño en su vinculación directa con  la sociedad y sus problemas.

En general, la autonomía puede abarcar los siguientes aspectos, en mayor o menor grado:

Autonomía Académica, comprende la libertad de fijar la política académica de la institución,  tanto en lo que se refiere a la tarea de docencia (determinación de  los títulos y grados que otorgará,  de los planes y programas que  conduzcan a ellos y de los demás requisitos que sea necesario cumplir para alcanzarlos) como a la función de investigación, a la creación artística y a la extensión, la determinación de las  estructuras académicas y la aprobación  de las normas que regirán al personal académico.

Autonomía Administrativa, comprende la libertad de fijar las estructuras y rutinas  a través de las cuales se desarrollarán las funciones de administración y de gestión y el régimen del personal de colaboración.

Autonomía Económica, que comprende la Autonomía Financiera y la Autonomía de Disposición.

Autonomía de Gobierno que se refiere a la potestad  de fijar la estructuras  internas de poder,  la determinación de sus atribuciones, y  las formas en que  se   designarán las personas que ejercerán esas funciones.

Autonomía Reglamentaria, consiste en la facultad de dictar las normas reglamentarias en todos los aspectos de la vida de la institución,  normas que prevalecerán sobre las leyes y reglamentos externos, a menos que se refieran explícitamente a la Universidad respectiva.

Autonomía de Control, consiste en radicar en la misma universidad las atribuciones  sobre  control de legalidad y manejo de fondos que la ley encomienda a la Contraloría General de la República respecto de los organismos del Estado.

Autonomía Territorial, que se traduce en la inviolabilidad de los recintos universitarios en términos de que ninguna autoridad ajena a la institución ni sus agentes puedan ejercer en ellos sus atribuciones sin  la anuencia de la autoridad universitaria que corresponda.

En nuestro análisis hemos tenido presente que el grado máximo de autonomía que históricamente han alcanzado las universidades estatales fue el otorgado durante el período de la Unidad Popular por los  Estatutos de 1971.

Con todo, para obtener ese privilegio, debemos tener en cuenta que a la sazón sólo existían   dos universidades estatales, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado,  sistemas ambos  que estaban constituidos por un núcleo central y por sedes regionales dotadas de amplia autonomía formal, pero que, de hecho, sus carreras dependían académicamente  de las Facultades centrales las  que, a su vez, eran responsables de su desarrollo académico. Hoy hay  16 universidades estatales con diferente nivel de excelencia.

Hemos tenido presente, asimismo, que  la facultad estatal de resguardar la fe pública en materia de educación superior, ha sufrido diversos avatares desde la creación de la Universidad de Chile. Ya en 1931, cuando se dicta el decreto con fuerza de ley 280 que rigió a la Universidad por 40 años, esta institución sólo conservaba el derecho de pronunciarse ante la propuesta de creación de cualquier organismo que llevara la denominación de Universidad, y respecto de las mismas carreras que ella impartía, conservaba el derecho de determinar el número de alumnos que las universidades privadas podían presentar a exámenes,  el derecho a examinarlos, y el derecho a otorgar los grados y títulos correspondientes.  Las universidades privadas tenían el derecho a impartir libremente las carreras que eran de su iniciativa y a otorgar los grados y  títulos respectivos.

En 1971, al aprobarse el nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile, si bien se dejó vigente el título IV del D.F.L 280 de 1931 que se refería a los Establecimientos Particulares de Enseñanza Superior,  que establecía la forma en que el Estado, a través de la Universidad de Chile, ejercía su supervisión, ya no se examinaba anualmente a los alumnos, no se fijaba el  número de ellos que podían presentarse a examen y la Universidad de Chile no otorgaba más de  tres grados y títulos. Las facultades correspondientes le habían sido cercenadas  a través de indicaciones parlamentarias en leyes que se referían a otras materias.

La dictadura militar, en la normativa que dicta a partir desde 1980, otorga plena autonomía académica a las universidades particulares existentes.  Pero establece que las que se crearan por efecto de la división de éstas o  por nuevas iniciativas,  debían someterse al control  de la antigua  que cada una de ellas libremente eligiera,  mediante los sistemas que denomina de “examinación” y  de “acreditación”. Es el primer paso para trasladar a los particulares atribuciones tradicionalmente del Estado que tienen que ver con la fe pública.

En la actualidad, el sistema sólo contempla la acreditación como  un trámite voluntario, aunque de gran importancia mediática, y está  entregada a entidades privadas ad hoc que cuentan con el aval del Ministerio de Educación. Es la culminación de la instalación de la  política de mercado en materia de fe pública en  educación superior.

Restringiendo nuestra opinión a las universidades estatales, en materia de autonomía hemos llegado a las siguientes conclusiones

 

En cuanto a la autonomía académica.

 

Respecto de la docencia y en aras de la fe pública necesaria para el confiable ejercicio profesional  y académico reservado a quienes estén en posesión de un grado académico o de un título profesional, es  que estimamos que los estudios conducentes a ellos deben ser objeto de acreditación, aun cuando ello implique una limitación a la autonomía académica de la respectiva  universidad,  pero  nos parece impropio que la tarea de docencia superior estatal, entregada por ley a las universidades,  sea acreditada por organismos burocráticos y   políticos, como son el Ministerio de Educación y  sus organismos dependientes.   Nos parece aún más aberrante que sea ejercida por entes privados (comisiones de acreditación) designadas por el  Ministerio y que son remuneradas por las mismas entidades que se deben acreditar.

Nos parece que puede llegarse a una buena solución  a través   de las mismas universidades estatales, mediante el establecimiento de un Sistema Universitario Estatal de Acreditación en el que participen especialistas  designados democráticamente  por las mismas universidades estatales.   Vale decir, se trataría, de un sistema de acreditación que, de  verdad,   sería efectuada por los pares y sin deformación política externa.

Las demás funciones- investigación, creación artística y extensión- deberían desarrollarse con total autonomía, salvo en el caso de cuestiones extraordinarias, que excedan las áreas o funciones  contempladas en el presupuesto de la respectiva universidad y que sean expresamente encomendadas y especialmente financiadas por el Estado conforme a un convenio  de desempeño, caso en el cual podría efectuarse el control que contemplen los reglamentos universitarios y que la Universidad acepte al contraer el compromiso.

Los otros aspectos de la autonomía académica, cuales son, la determinación de las estructuras académicas y la aprobación de las normas que rijan al personal académicos deberían ser ejercidas por cada universidad estatal con total autonomía, salvo en cuanto a sus derechos como funcionarios públicos..

En cuanto a la autonomía administrativa,  estimamos que todos sus aspectos deben ser regulados internamente -con plena autonomía- por cada universidad.  Con todo, el régimen de los funcionarios universitarios deberá preservar los derechos que, conforme a la ley, les corresponden por su carácter de funcionarios públicos.

La autonomía económica es la más indispensable para el desarrollo de la función universitaria, concebida ésta como función estatal en beneficio de la sociedad toda. Sin ella, la universidad estará sujeta a los vaivenes de la política contingente que inspire al gobierno de turno y/o a los intereses de organismos extranjeros, internacionales y transnacionales o de entes o personas privadas que conciban  su acción como simples servicios.

Hablar de autonomía económica es sencillamente sentar un principio que implica un freno  a la política de mercado en educación superior,  tanto si nos referimos al gobierno cuanto si nos referimos a los privados de quienes provengan los fondos necesarios para el funcionamiento.  Se opone al concepto de universidad-organismo –de gobierno y se opone al concepto de empresa de prestación de servicios que entra en el  juego de la ley de la  oferta y la demanda.

 

Lo dicho rige tanto para la autonomía de financiamiento cuanto para la autonomía de disposición.

 

En cuanto al sistema de financiamiento, la máxima autonomía le fue dada a las universidades estatales en los Estatutos de 1971, al fijarse en ellos un porcentaje permanente del Presupuesto total de egresos de la nación que asegurara su desenvolvimiento    y permitiera la libre planificación de su acción y las necesidades de su expansión en el corto, mediano y  largo plazo.

En cuanto a la disposición de los fondos asignados,  los mismos estatutos se encargaron de asegurar  la autonomía mediante  la regulación de la forma en que debían ser aprobados los presupuestos universitarios.

Un tal sistema, teóricamente, sería  factible en la actualidad, sin embargo, habida consideración de la desaparición de los sistemas estatales de educación superior, que acarreó la existencia de más universidades estatales que regiones hay en el país, es preciso señalar que debe estudiarse un procedimiento de asignación del presupuesto estatal,  ya estableciendo en la ley el porcentaje que en definitiva correspondería a cada universidad  o encomendando esta tarea a una instancia intrasistema universitario estatal.

 

Respecto de la autonomía de gobierno.

 

Ya nos hemos referido a las siguientes características que, a nuestro juicio, deben revestir los gobiernos internos de las universidades estatales, habida consideración tanto de su carácter de instituciones de un Estado democrático, como de la especialidad de la función que desarrollan.

Así,  su carácter democrático implica la radicación del poder en  la respectiva comunidad universitaria; la separación de la funciones normativas y ejecutivas en autoridades diferentes; la participación de todos los miembros de la respectiva comunidad en la generación de las autoridades; la responsabilidad de la gestión y la posibilidad de hacerla efectiva mediante organismos de control internos y/o pronunciamiento de las comunidades que las eligieran.

La especialidad de la función exige radicar en autoridades colegiadas y unipersonales el conocimiento y decisión sobre la vida interna de la universidad, su desenvolvimiento y el resguardo de los principios que garantizan el pluralismo y la excelencia, esto es, la participación y la libertad académica.

El problema particular que, en este aspecto, se presenta con la autonomía se refiere a la participación de otras entidades y/o autoridades del Estado en la toma de decisiones internas, vale decir y muy especialmente en la generación de sus autoridades, en la disposición de sus recursos  y en el ejercicio de la función normativa.

En la legislación de la dictadura se ideó e instaló el sistema de Juntas Directivas designadas íntegramente por el Gobierno. La Junta respectiva prácticamente no funcionó en la Universidad de Chile. No sabemos qué objetivos han llevado a las universidades regionales a mantenerlas.

El Informe del Consejo Asesor para la Presidencia sugiere la participación en ellas de las autoridades regionales. Desde el punto de vista de la autonomía tal recomendación sería una aberración; si bien la Universidad Estatal debe mantener un vínculo con el Estado, pues existe la necesidad de considerar la continuidad del proceso educacional  en su conjunto, creemos necesario concebir representantes de los  poderes del Estado en los organismos normativos superiores de las Universidades Estatales, en número y/o forma que no alteren la toma de decisiones por la  propia institución.

Respecto de la autonomía reglamentaria, ésta es  de suma importancia para la Universidad Estatal, toda vez que consiste en la prevalencia sobre las leyes generales de la legislación dictada específicamente para la institución y la radicación en los organismos normativos universitarios de la  potestad reglamentaria que el Presidente de la República tiene respecto de las demás leyes.

Los Estatutos de 1971  otorgaron una amplia autonomía en este aspecto al declarar que  tanto sus disposiciones como las de los reglamentos dictados en su virtud prevalecerán sobre las leyes y reglamentos generales, a menos que éstas se refieran expresamente a la Universidad  en particular.

Esta norma fue cercenada por el Poder Ejecutivo que, al aprobar el nuevo Estatuto de la Universidad de Chile en  2006,  expresó que “Las disposiciones del presente Estatuto y de los reglamentos dictados en su virtud prevalecerán sobre las leyes generales, a menos que éstas se refieran expresamente a la Universidad de Chile en particular, a las universidades chilenas en general, o al sistema universitario del país.

En suma, al Estatuto aprobado por el señor Ricardo Lagos el 2006 como Presidente,  limitó el Estatuto propuesto por la comunidad universitaria al Presidente Allende en 1971, firmado  por el mismo Ricardo Lagos como Secretario General de la Universidad de Chile.

La  limitación se efectúa en  aras de la regulación del conjunto de las autoridades estatales, del conjunto  de las universidades chilenas  y de un sistema universitario del país  que excedería la simple suma de las universidades existentes.

En principio, nadie duda que la Educación  Superior requiere ser regulada, lo que si plantea dudas es el otorgamiento al Gobierno de la facultad de regular, vía reglamentos generales o leyes, materias en que las  funciones universitarias  requieren de amplia autonomía y cuya especialidad exige desvincular su acción  de los organismos políticos externos. Para aceptar una regulación general del sistema, preciso sería, entonces, concordar en qué atribuciones el Ejecutivo  podría ejercer sobre las universidades sin la anuencia de éstas, lo contrario sería simplemente extender un cheque en blanco.

Un aporte nuestro podría, precisamente, ser una proposición a este respecto, previa una discusión fundamentada.

Acerca de la autonomía de control, que se refiere, por una parte, al control de la legalidad de los reglamentos que aprueben las autoridades en conformidad a los Estatutos  así como de los actos que ejecuten y contratos que celebren y, por otra parte, al control legal y contable de los actos de disposición de su presupuesto. Existe ya un criterio establecido en el Estatuto de la Universidad de Chile que instauró una Contraloría Interna y redujo el control contable de la Contraloría General de la República a la revisión ex post.

Finalmente, respecto de la autonomía territorial, consistente en la disposición de que ninguna autoridad ajena a la universidad ni sus agentes puedan ejercer sus funciones en los recintos universitarios sin la anuencia de la autoridad universitaria que corresponda, debe señalarse que fue expresamente establecida en el Estatuto de 1971 y ratificada en el Referéndum de 1997, y, aunque contenida en el proyecto de Estatuto presentado al Presidente de la República, tal disposición no se conservó en el texto aprobado por el Presidente Lagos.

 

Financiamiento

El actual sistema de financiamiento es, sin lugar a dudas, el elemento que en mayor medida conspira contra la democracia en la integración de la comunidad y  contra la necesaria autonomía de las universidades estatales.

Como se sabe, el sistema de asignación global  de un porcentaje del presupuesto total de  egresos de la nación, fue sustituido por un financiamiento estatal directo no sólo insuficiente sino miserable,  por un condicionado aporte fiscal indirecto que tiene que ver con la captación de alumnos sobresalientes,  por el cobro de aranceles escolares cada vez más altos,  por dineros entregados a través de convenios de desempeño absolutamente calificados y controlados por el Ministerio de Educación y por la necesidad de prestar servicios  a los particulares para aumentar las remuneraciones de los académicos, servicios que muchas veces no corresponden a tareas propiamente universitarias. En buenas cuentas, la entrega de la subsistencia de la Universidad a  las leyes del mercado compuesto por diferentes agentes, algunos estatales, otros internacionales, extranjeros o transnacionales, otros  particulares.  Así no es posible pensar en la permanencia de la Universidad crítica.  No hay tiempo para pensar cuando debe ocuparse la imaginación en  asegurar la forma de tener ingresos.

A  este respecto, por ejemplo el informe del Comité Asesor a la Presidencia sólo ofrece una solución: ampliar por ley la posibilidad de las universidades estatales para endeudarse con los bancos u otros organismos de crédito.

Nosotros postulamos, precisamente lo contrario, esto es, eliminar la necesidad de endeudarse y asegurar a las universidades estatales los fondos que les permitan planificar su acción y satisfacer  sus necesidades de permanencia y expansión. Esto se lograría si se  fijaran  los aportes estatales en un porcentaje  ya sea del presupuesto de egresos o del producto interno bruto.

Tal porcentaje debería fijarse respecto de todos los organismos del ya mencionado sistema estatal universitario y distribuirse entre ellos en la forma que las propias comunidades determinen, considerando  sus gastos actuales y aquellos en que se debería incurrir para su expansión previamente planificada. Tal debería ser el rol de un eventual Consejo Nacional de Educación Superior Estatal, integrado por representantes de la comunidad y no tarea específica de las rectorías.

A nuestro juicio, dicho aporte debería cubrir totalmente los costos de la tarea docente,  gestión administrativa y de colaboración de la docencia, y los costos totales de las tareas de investigación, creación artística y extensión, sin perjuicio que para estas últimas se conciba un sistema de Convenios de Desempeño con organismos estatales e internacionales conforme a una reglamentación que asegure la autonomía del desempeño académico universitario.

Cuestiones medulares en esta materia son fundamentalmente dos: asegurar que el sistema de financiamiento estatal garantice la democratización en el ingreso y permanencia de los alumnos en las carreras universitarias, y, por otra parte,  asegurar que los fondos  estatales sean invertidos teniendo como imperativo la misión que cabe a  las universidades, precisamente por su carácter estatal.

Por otra parte, debemos anotar que  el acuerdo y establecimiento de un nuevo sistema de financiamiento que implique la  transformación total del actual régimen sólo será posible si, tanto las comunidades de las universidades estatales  como los segmentos de la sociedad a que deben servir, toman conciencia del rol que a ellas corresponde y planifican seriamente su acción en función de las necesidades sociales pertinentes.

Vale decir, se requiere un gran acuerdo que respalde el rescate de las universidades estatales por parte de sus propias comunidades y de las comunidades nacionales de que forman parte.

La concursabilidad por los fondos públicos (AFI, MECESUP, Convenios de Desempeño) no pueden ser más que anexos de financiamiento para las Universidades Estatales. Es irracional el hacer concursar las Universidades Estatales con las privadas del Consejo de Rectores y sus derivadas, y más aún con las creadas después del 80. Estas universidades tienen distintas características, distintos orígenes y misiones que determinan el desarrollo de sus funciones, en esa medida, les corresponden un trato diferenciado por parte del Estado.

Las Universidades Estatales son parte del Estado y ello le otorga una misión: ser instituciones mandatadas a la producción de conocimiento y creación cultural de la nación en un ámbito democrático institucionalizado, en el que estén garantizados la participación, el pluralismo y la libertad académica. Aquellas instituciones que cumplan con estos requisitos les corresponde el financiamiento total que requieren para su funcionamiento.


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